pedro sanchez dara paga extra por lengua autonomica a funcionarios

Tras investigar el último Real Decreto-ley 20/21, de 13 de julio con ojos y cabeza de jurista, en lo especial relativo a la supresión de la paga plus de los usados públicos (si bien molesto resulta asimismo el recorte en diez puntos de la prestación por desempleo) y desde mi personal opinión y condición de funcionario excedente me atrevo a constatar un “fumus mali iuris”, o sea, un “aroma de mal derecho” en el contenido de tan funesto Decreto -Ley, con lo que vaticino un alud de elementos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad o elementos de amparo, ciertos con la Constitución en la cabeza, y todos con el corazón en la mano. No obstante, ya que el Tribunal Constitucional español prosiga probando que por su composición y función, es un órgano de naturaleza mezclada (política y judicial) puedo pronosticar sin mérito de clarividencia, que la contestación va a ser la insatisfactoria expresión de “inconstitucionalidad notoriamente injustificada”. Otra cosa es que fundamentos de inconstitucionalidad, «hay, hay». Veámoslo.

 I.    De hecho, como afirmaría Galileo (“y no obstante, la tierra se desplaza”) ya que creo a título personal que, dígalo Agamenon o su cerdo, el tufo de inconstitucionalidad del Real decreto ley 20/ 21 es profundo con el próximo fundamento:

El Gobierno aprueba el emprendimiento de Ley de Movilidad Sostenible

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a lo largo de su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado el Emprendimiento de Ley de Movilidad Sostenible, que va a ser remitido a Les Corts para la tramitación parlamentaria por vía de urgencia. El propósito es que logre ingresar en vigor el año próximo, cumpliendo de esta manera entre los compromisos del Plan de Restauración, Transformación y Resiliencia. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez ha señalado la relevancia del campo del transporte como servicio importante para la sociedad -tanto el de pasajeros como el de mercancías- como motor económico -4,5% del PIB y mucho más de 800.000 cargos laborales- y por su papel en la pelea contra el cambio climático, puesto que hoy en día crea el 27% de las emisiones de efecto invernadero, cinco puntos mucho más que el resto de países de la UE. La regla reconoce, por vez primera, que la movilidad es un derecho de toda la ciudadanía y que ha de ser alcanzable y también inclusiva: «Debe ofrecer contestación a la mayor concentración de la población en las considerables ciudades y en las áreas periféricas, y en las pretensiones de movilidad de las áreas rurales y de las pequeñas ciudades, que además de esto tienen que confrontar a enormes inconvenientes como es la despoblación y el envejecimiento», aseguró Raquel Sánchez. Entre los primeros objetivos, recogido en la ley, va a ser la reordenación del transporte regular de pasajeros por carretera con un nuevo mapa concesional. Si bien de rivalidad estatal, la ministra ha señalado que va a ser «un trabajo grupo con las comunidades y los municipios para la optimización del servicio en todos y cada uno de los territorios».